EL FRAUDE ES FRAUDE Y NADA MÁS

Imagen de ABECOR.

Si tú robas, así sea por necesidad, tendrás tu castigo; posiblemente cárcel. Es cruel pero justo. Al menos de esa forma están redactados los preceptos jurídicos: “vivir honestamente” y “no dañar a otro”, esto según la formulación de Ulpiano. Así el autor del delito sea una persona natural o jurídica, de igual forma, tiene que someterse a esta lógica coercitiva del Estado. Pero el compendio de leyes no es perfecto, existen vacíos jurídicos; por ejemplo, el fraude electoral. Definir de manera corta de qué trata el fraude electoral a modo de delito sería “robo a la democracia” y/o “violación a la ley electoral”. Y es sabido por todos que realizar una elección no es barato. En Bolivia, los últimos tres procesos electorales costaron Bs. 410 millones, ninguno tuvo efecto legal. Voto y dinero al agua. ¿Es posible que hechos de esta forma queden impunes? Lastimosamente, SÍ.

El motivo por el cual se dejó estos hechos en la impunidad es la falta de reconocimiento a delitos electorales de esta magnitud. Es decir, dejar pasar lesiones a las arcas del Estado sin querer ver a los responsables. En octubre del año pasado, el proceso electoral tuvo un costo de Bs. 217 millones, a pesar de las pruebas e indicios del TREP junto a la confirmación de una auditoría realizada por la OEA que verificaba la existencia del fraude, no hubo quién repare el daño económico al Estado. ¿No es lo mismo que nos roben tanta cantidad de dinero aprovechando un vacío jurídico? ¿No es un delito contra la economía nacional? Al final, es dinero de todo el pueblo boliviano, nos afecta a todos, incluso a los más creyentes de la democracia. Aunque una disculpa, ¿no?

Y, en ese sentido, las victimas somos todos. Es inaceptable el supuesto derecho de un individuo a reelegirse las veces que se le dé la gana y a beneficiarse con accionares ocultos para adjudicarse ilegítimamente el voto del pueblo – todo esto aprovechando la maquinaria electoral y el dinero del pueblo –, quedando, finalmente, sin pena alguna. Y al resto de la población solo nos queda el lamento de ser testigos de un asalto a nuestra corta riqueza. Lo peor aún, tener que lidiar contra el ser fraudulento en otras elecciones y que representan un nuevo costo económico que, posiblemente, hubiese sido destinado a fortalecer las carencias en las políticas públicas.

En la legislación boliviana, en el Código Penal el fraude electoral es sinónimo de manipulación informática. Y en la Ley Electoral, se suma, como sanción solo hacía el servidor público que alteró los resultados; en ambas normativas al autor del hecho es sujeto a cinco años de privación de libertad. Ante esta debilidad, para la protección de la democracia y la economía en etapas electorales, se requiere de normas que cubran los vacíos legales existentes. Se necesita de sanciones para los actores de semejante robo camuflado; obvio, no se puede meter a todo un partido político a la cárcel, pero si el daño económico al Estado es un delito y el fraude electoral provoca un daño económico al Estado, debiese existir una sanción a estos actos antidemocráticos, en todo caso, recaer a la estructura política del partido político infractor, de acuerdo a procedimientos investigativos: cuando menos, siendo leves, con la suspensión de su personería jurídica.